La Ley de Extinción de Dominio es una legislación que busca combatir y prevenir la corrupción, la delincuencia organizada y otros delitos graves en el ámbito de los bienes raíces. Esta ley, en el contexto de la Ciudad de México (CDMX), tiene como objetivo principal permitir al Estado recuperar los bienes y recursos que hayan sido adquiridos o utilizados de manera ilícita.
La Ley de Extinción de Dominio otorga al Estado la facultad de iniciar un proceso legal para confiscar y extinguir el dominio de los bienes que se encuentren vinculados con actividades delictivas. Esto significa que los bienes, como propiedades inmobiliarias, pueden ser decomisados y pasar a ser propiedad del Estado, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se demuestre que fueron obtenidos de manera ilícita o utilizados para cometer delitos graves.
El proceso de extinción de dominio implica una serie de etapas legales, en las que se deben seguir los procedimientos establecidos por la ley. Estas etapas incluyen la investigación y determinación de la posible relación del bien con actividades delictivas, la notificación a los interesados, la presentación de pruebas y argumentos, y la resolución judicial.
Es importante destacar que la Ley de Extinción de Dominio establece garantías y derechos para los propietarios y terceros con intereses legítimos en los bienes. Estas personas tienen la posibilidad de participar en el proceso legal, presentar pruebas en su defensa y ejercer su derecho de audiencia ante las autoridades correspondientes.
En resumen, la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta legal que permite al Estado confiscar los bienes adquiridos o utilizados de manera ilícita, con el fin de combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Este proceso está sujeto a los procedimientos legales establecidos y garantiza los derechos de los propietarios y terceros interesados.
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